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Este jueves se dio a conocer que en Argentina el Gobierno de Javier Milei decidió retirar la jubilación de privilegio que recibía Cristina Fernández de Kichner (CFK) en su rol de expresidenta la de la república (2007-2015), sumada a la pensión que se le otorgaba por ser viuda del también otrora mandatario Néstor Kirchner.
La determinación fue develada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa ofrecida en la sede del Ejecutivo un día después que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara la condena de seis años de cárcel para Cristina Fernández, quien es acusada de administración pública fraudulenta.
“Por orden del Presidente de la Nación, Javier Milei, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como ‘jubilación de privilegio’, que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión del fallecido expresidente Nestor Kirchner”, indicó el personero de Estado.
“La señora Cristina Kirchner fue condenada en la causa ‘Vialidad’ como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, fustigó la autoridad.
Cabe recalcar que la Cámara Federal de Casación Penal trasandina ratificó en segunda instancia la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra CFK, sentencia que fue dictada a finales del año 2022 por el Tribunal Oral Federal 2.El fallo concluyó que se incurrió en un delito de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015).
Pese a lo anterior, la exjefa de Estado todavía puede apelar el fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Debido a lo anterior, la sentencia no será efectiva hasta que haya un veredicto final. En esa misma línea, de ser confirmada la condena, Kirchner podría cumplir la pena bajo prisión domiciliaria por ser mayor a 70 años.
Entre ellos, se encuentran mensajes de WhatsApp que cuestionan las declaraciones públicas de la diputada Catalina Pérez (RD), quien ha negado conocer los detalles del acuerdo.
Además, el presidente Boric y el subsecretario Cordero defendieron el actuar del Gobierno, mientras que la familia de la denunciante expresó su preocupación por la demora en la formalización.