Caso TomArte: Kelly Bentancour queda con arresto domiciliario tras cambio de medida cautelar
La Corte de Apelaciones de Antofagasta modificó las medidas cautelares de Kelly Betancourt, investigada por fraude al fisco y lavado de activos en convenios con el Minvu y Fundación TomArte.
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La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió hoy modificar las medidas cautelares impuestas a Kelly Johanna Betancourt Acosta, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos en el contexto de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte.
En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal, compuesta por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez, revocó la resolución del Juzgado de Garantía que mantenía a Betancourt en prisión preventiva desde hace más de seis meses. "Constituyendo la privación de libertad total una medida cautelar excepcional, cuya imposición se justifica cuando las demás sean insuficientes para asegurar los fines de la persecución penal, la restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz del tiempo que ha permanecido sujeta a la referida cautelar, esto es, más de seis meses, pudiendo la medida en cuestión ser sustituida por una de menor intensidad", sostiene el fallo.
La corte argumentó que la medida de prisión preventiva era desproporcionada y que podría ser sustituida por medidas menos severas, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. En consecuencia, se resolvió que Betancourt quedará bajo estas nuevas restricciones, con la finalidad de asegurar los fines de la persecución penal.
Betancourt Acosta, en su calidad de representante legal de la Fundación Cultural TomArte, es acusada de haber concertado con Carlos Contreras Gutiérrez, entonces seremi del Minvu, para obtener asignaciones de fondos públicos destinados a la ejecución de obras en asentamientos precarios en al menos siete campamentos de Antofagasta. Los convenios firmados en septiembre de 2022 implicaron la transferencia de $456.000.000, los cuales fueron utilizados para pagar honorarios a la imputada, así como para el arriendo de inmuebles y transferencias a cuentas personales de personas asociadas a la fundación.
La defensa del exsubsecretario solicitó acceso a la información del caso tras la denuncia por violación. La Fiscalía aprobó la petición y la audiencia se llevará a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Boric también destacó la necesidad de “recuperar las confianzas”, señalando que “nadie está exento de que alguien cometa delitos, traicione confianzas, vulnere la ley o el derecho”.
