Tribunal ordena disolución de Democracia Viva tras histórico caso de corrupción
La resolución busca el cierre de la organización marcada por la falta de claridad y transparencia en el proceso de investigación del "Caso Convenios", por lo que determinaron que tenía un "fin vago e indeterminado".
el martes pasado a las 17:35
El 17° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la disolución de la fundación Democracia Viva, que protagonizó uno de los mayores escándalos políticos del último año. El caso involucra la firma de tres convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada por Carlos Contreras, y la organización dirigida por Daniel Andrade, que pretendían desarrollar dudosos proyectos en la región.
Carlos Contreras, quien en ese entonces encabezaba la Seremi, y Daniel Andrade, representante de la fundación, se encuentran actualmente imputados por el delito de fraude al Fisco, en medio de la polémica por estos acuerdos que suman un total de $426 millones.
Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una demanda que llevó a la cancelación de la personalidad jurídica de Democracia Viva. Se determinó que la organización incumplió sus propios estatutos, violando el Código Civil al no realizar el procedimiento de reemplazo de los miembros del directorio, sesionando con menos integrantes de los requeridos y sin las firmas necesarias en las actas, además de no llevar a cabo reuniones periódicas.
Según informes publicados por La Tercera, la fundación también destinó su aporte social de $300.000 principalmente a la constitución de la organización, en vez de utilizarlo para cumplir con su propósito social.
En cuanto a los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, se constató que los acuerdos no tenían relación alguna con el objetivo social de la fundación, lo que reforzó las dudas sobre la naturaleza de estos contratos.
Finalmente, el tribunal destacó que el propósito de Democracia Viva resultaba ambiguo y carente de definiciones claras. El fallo señala que “no existe una adecuada precisión del ámbito concreto de su actuación, dado lo vago e indeterminado del fin”.
Con la información en su poder, el abogado Juan Pablo Hermosilla iniciará la revisión del material bajo criterios que aún están en proceso de definición.
Esta solicitud surge tras las revelaciones sobre operaciones supuestamente realizadas por el abogado Luis Hermosilla para desbloquear un negocio millonario del Grupo Patio.
