Cámara aprueba ley que prohíbe mensajes spam y cobranzas extrajudiciales
La normativa, que ahora pasará al Senado, busca proteger a los consumidores de llamadas publicitarias no autorizadas y establece sanciones para quienes infrinjan las nuevas disposiciones.
La Cámara de Diputadas y Diputados ha dado un paso significativo hacia la protección de los derechos de los consumidores al aprobar, tanto en general como en particular, un proyecto de ley que prohíbe los mensajes spam y las cobranzas extrajudiciales. La medida, que ahora será discutida en el Senado, tiene como objetivo principal resguardar a los ciudadanos de las llamadas publicitarias realizadas sin su consentimiento.
Ante esto, el proyecto introduce un nuevo derecho que establece que los consumidores no deberán recibir llamados telefónicos ni mensajes de proveedores con fines publicitarios a menos que exista un consentimiento expreso. Este consentimiento podrá manifestarse a través de una declaración escrita o de medios electrónicos equivalentes, así como por medio de actos afirmativos que demuestren claramente la voluntad del usuario.
Asimismo, las violaciones a esta normativa serán sancionadas con multas que pueden alcanzar hasta mil unidades tributarias mensuales, lo que equivale a aproximadamente $66 millones de pesos, de acuerdo con el valor de la UTM en septiembre de 2024.
Además, la ley también estipula que el consentimiento no podrá ser solicitado si el proveedor ha iniciado el contacto, y todas las comunicaciones escritas deberán incluir el asunto y la identidad del remitente, así como una opción clara para solicitar la suspensión de futuros envíos.
Ahora bien, se limitará la cantidad de contactos telefónicos y visitas permitidas para cobranzas a una cantidad específica por semana, independientemente de si la gestión es realizada por el proveedor del crédito o por una empresa de cobranza extrajudicial.
Este movimiento legislativo responde a un creciente descontento entre los consumidores; según datos del Sernac, las quejas por llamadas publicitarias no consentidas han aumentado dramáticamente, pasando de más de 84 mil solicitudes en 2020 a más de 1 millón 200 mil en 2023.
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