Cámara define destino de Ángela Vivanco en nueva acusación constitucional por abandono de deberes
Este lunes 14 de octubre, la Cámara de Diputados decidirá el futuro de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El libelo, apunta a un presunto "notable abandono de deberes".
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La Cámara de Diputadas y Diputados votará este lunes la segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, tras ser impulsada por las bancadas del oficialismo junto a la Democracia Cristiana (DC). El documento, compuesto por cuatro capítulos, señala a Vivanco por un presunto "notable abandono de deberes" y por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, actualmente imputado por delitos tributarios.
Ante esto, el primer capítulo de la acusación sostiene que la exministra habría entregado información sobre causas relacionadas con Carabineros y Fuerzas Armadas antes de la firma y notificación de las sentencias. El segundo capítulo profundiza en la relación con Hermosilla, a quien Vivanco habría acudido para facilitar su nombramiento en la Corte Suprema, algo que el libelo califica de "sumamente grave".
Asimismo, la conexión entre Vivanco y Hermosilla se extiende al tercer capítulo, donde se la acusa de haber dado "consejos y recomendaciones" al abogado para la instalación de una segunda sala penal. Finalmente, el cuarto capítulo apunta a irregularidades en la tramitación de un caso relacionado con el consorcio Belaz Movitec Spa y Codelco.
Esta es la segunda acusación que enfrenta Vivanco en menos de una semana, luego de que la Cámara aprobara otro libelo impulsado por la oposición. A su vez, el oficialismo y la DC presentarán este martes 15 de octubre una acusación similar contra el ministro Jean Pierre Matus, acusándolo de "notable abandono de deberes", "inhabilidades" y "pérdida de imparcialidad".
Con 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, la Cámara desestima la ofensiva impulsada por el Partido Republicano, que buscaba la destitución de la jefa del gabinete del presidente Boric.
La decisión se tomó tras la apertura de un cuaderno de remoción que reveló múltiples infracciones que afectarían la independencia judicial y el debido proceso.
