El Gobierno chileno ingresó anoche un ambicioso proyecto de reforma al sistema privado de salud a través de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la ley corta. La iniciativa, que se centra en la eliminación de las preexistencias, va más allá al proponer la creación de un "Plan Común de Salud" que unificará los planes ofrecidos por las Isapres, garantizando que todos los afiliados paguen una tarifa plana, sin distinciones por riesgos individuales.
Ante esto, la actual tabla de factores, que permite a las Isapres ajustar las tarifas según el perfil de riesgo de cada afiliado, se mantendrá solo para quienes decidan no migrar al nuevo plan. Sin embargo, todos los nuevos contratos deberán ajustarse a la nueva normativa. Esta reforma busca "garantizar igualdad de condiciones para todos los afiliados", asegurando que las prestaciones incluyan los beneficios actualmente cubiertos por Fonasa y las Garantías Explícitas en Salud (GES), así como cobertura para enfermedades catastróficas (CAEC) y atención de urgencias.
Asimismo, el proyecto también destaca la necesidad de eliminar la declaración de preexistencias, que ha sido utilizada como un mecanismo restrictivo por parte de las Isapres, limitando el acceso de los afiliados y su movilidad entre instituciones. De esta manera, se prohibirá que las Isapres restrinjan la afiliación basándose en condiciones de salud preexistentes.
Ahora bien, para mitigar los riesgos financieros que podrían enfrentar las Isapres al admitir a personas con altos costos de salud, el proyecto establece la obligación de contratar reaseguros. La implementación de estos cambios será gradual, con un período de adaptación de hasta doce meses, permitiendo a los actuales afiliados mantener sus planes, mientras que todos los nuevos deberán optar por el Plan Común de Salud.
Finalmente, la transición estará supervisada por el Gobierno, que busca asegurar una mejor calidad de atención y acceso a la salud para la población, especialmente para las personas mayores y los enfermos crónicos.
Una paralización parcial de la empresa afecta la frecuencia de los servicios hacia el norte, generando inconvenientes para los pasajeros. La compañía trabajará para normalizar los viajes.
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para Cathy Barriga, imputada, tras un recurso de apelación presentado por su defensa.