En una jornada que marca un antes y un después en la historia del gremio docente, los profesores han aceptado la propuesta de La Moneda para saldar la deuda histórica que, tras 43 años de espera, finalmente podría concretarse. A través de una consulta realizada entre martes y miércoles, un 82% de los casi 29 mil docentes encuestados votó a favor de la iniciativa del Gobierno.
Ante esto, la propuesta diseñada por el Ejecutivo considera un bono de $4.500.000 para cada profesor afectado, pagado en seis grupos anuales, comenzando por aquellos de mayor edad. Los pagos se realizarán en dos cuotas, en octubre y enero de cada año, a partir de 2025. Además, se ha estipulado la transmisibilidad del beneficio en caso de fallecimiento del titular durante el proceso.
Asimismo, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas para que este proyecto avance con respaldo transversal. "Son 57.500 profesoras y profesores que llevan 43 años esperando justicia. Sanar heridas es algo bueno para el país y nuestra sociedad", enfatizó Aguilar, recordando la importancia de esta reparación.
Ante esto, la medida era un compromiso de campaña del presidente Gabriel Boric y su retraso había generado preocupación en el gremio. Tras una paralización en agosto de 2023, el Gobierno se comprometió a retomar la iniciativa y presentar el proyecto al Congreso en noviembre. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que "este es un momento histórico, que consolida un trabajo de largo aliento" y que se impulsará la tramitación legislativa con la mayor urgencia posible.
Finalmente, la votación favorable marca un paso clave para el inicio de este anhelado proceso de reparación, que promete poner fin a décadas de espera para el profesorado chileno.
El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestra una leve disminución en la tasa de desocupación en el trimestre julio-septiembre, aunque persisten altas cifras de empleo informal.
La Fiscalía Metropolitana Oriente llevó a cabo el allanamiento como parte de una investigación reservada que vincula a Lavín con supuestas irregularidades en contrataciones durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga.