Profesores de Atacama continúan paro: "El Ministerio está mintiendo"
La presidenta del gremio en Copiapó, Yariela Ardiles, acusa al gobierno de mentir sobre las intervenciones en colegios. De los 14 anunciados, solo 4 han comenzado las reparaciones.
Las profesoras y profesores de Atacama han decidido continuar en paro luego de rechazar el plan de retorno a clases propuesto por el Ministerio de Educación, al que acusan de estar mintiendo. El objetivo del Gobierno era retomar las actividades en las aulas a partir del 2 de noviembre, extendiendo el año escolar hasta el 12 de enero de 2024.
La presidenta del gremio en Copiapó, Yariela Ardiles, ha acusado al gobierno de mentir, ya que aseguran que solo se han iniciado intervenciones en cuatro colegios, a pesar de que el Ministerio afirma que son 14 los establecimientos educacionales que están siendo reparados.
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, ha defendido el plan Atacama y ha insistido en que las obras se han iniciado en 14 de los 46 recintos con problemas de infraestructura. Por su parte, los parlamentarios de la bancada de la UDI han impuesto un ultimátum al gobierno, advirtiendo que si no se encuentran soluciones antes del viernes, no descartarán tomar acciones constitucionales.
La diputada del Partido Humanista, Mónica Arce, ha señalado que lo que está ocurriendo en Atacama era predecible y ha acusado al Ministerio de Educación de realizar reuniones a puertas cerradas sin considerar la opinión de los docentes ni de los diputados de la comisión de Educación.
En busca de destrabar el paro docente que ya lleva 57 días, la subsecretaria de educación, Alejandra Arratia, se ha reunido con los directores de los establecimientos educacionales de la zona en la seremi de educación de Atacama. Se espera que estas reuniones ayuden a encontrar formas de solucionar el conflicto.
Fiscal nacional confirma declaración de Ángel Valencia, quien señala al político venezolano como responsable del encargo, junto a otras autoridades gubernamentales.
El ministro de Hacienda acusa a las AFP de actuar de manera negativa y obstruccionista, señalando que deben cumplir una función pública.
