Durante la jornada del jueves, en una actividad realizada en la ciudad de La Serena, el presidente Boric, anunció que el gobierno prepara algún nuevo plan de ayuda, luego de ser rechazado el retiro acotado de fondos y la fuerte alza de precios de los alimentos que afecta al país.
Al respecto, el presidente mencionó que “estamos estudiando diferentes alternativas, en conjunto con parlamentarios de gobierno y oposición. Hemos recibido diferentes propuestas. También con organizaciones de trabajadores y trabajadores para hacernos cargos en particular de la situación del alza de precios de la canasta básica. Sabemos que a los sectores más vulnerables les está apretando el bolsillo y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.
Asimismo, recalcó que “no vamos a resolver los problemas estructurales de la desigualdad en Chile mediante transferencias directas o con los ahorros de los chilenos y chilenas”, y que, para ello, tenemos que generar un nuevo sistema de desarrollo y eso es un cambio un poco más lento”.
En contexto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) incluyó dentro de su petitorio del salario mínimo, una idea de canasta básica protegida. Ante esto, se apunta a que dentro del proceso se anuncie un plan para aliviar el bolsillo de los sectores con menos recursos.
Así también, la ministra Camila Vallejo enfatizó que “es importante aclarar que el gobierno no está pensando en fijar precios. Sí estamos preocupados por el alza de los alimentos que afectan a las familias”.
Finalmente, según el Gobierno, se están explorando dos fórmulas para negociar el alza de los precios, en el que una es entregar un bono directo para las familias de menores recursos, pero no asegura que los recursos se destinen a comprar alimentos. La otra opción que estudia el Gobierno es entregar una tarjeta a las familias para que puedan comprar los alimentos. Dicha idea está más focalizada y permitiría que efectivamente esos recursos se destinen a comprar los alimentos básicos. Ambas ideas siguen siendo analizadas.
Fiscal nacional confirma declaración de Ángel Valencia, quien señala al político venezolano como responsable del encargo, junto a otras autoridades gubernamentales.
El ministro de Hacienda acusa a las AFP de actuar de manera negativa y obstruccionista, señalando que deben cumplir una función pública.
