El estudio “Educar sin agua: una realidad invisible” de la Fundación Amulén -que trabaja para entregar mayor acceso al agua potable a comunidades más vulnerables en todo el país- reveló que el 40,4% de las escuelas rurales no tiene un suministro de agua potable, es decir, 21.700 alumnos se ven afectados por el déficit del servicio.
El análisis abarcó el 94% de los recintos educacionales más rurales de Chile de 11 regiones del país, partiendo por Arica y Parinacota, pasando por Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, Maule, hasta llegar a Los Lagos. Y evaluó cómo han sido afectados por la sequía de más de una década.
Los directores de las escuelas rurales fueron encuestados para la evaluación de 4 criterios: cantidad, calidad, continuidad y accesibilidad. Los resultados fueron alarmantes: Los centros de educación más alejados deben buscar alternativas de abastecimiento, como: pozos, ríos, vertientes, solicitar ayuda a externos o tomar medidas más extremas, como el cierre de las escuelas.
Antonia Rivera, directora de proyectos de Fundación Amulén, invitó a reflexionar sobre la necesidad de establecer y visibilizar “requerimientos mínimos en infraestructura básica que permitan asegurar las condiciones base para que nuestros niños y niñas se eduquen. La disponibilidad de agua potable en los establecimientos es urgente y de vital importancia para el buen desarrollo de toda persona y toda comunidad".
Los Lagos fue la zona del país que tuvo más acceso informal al suministro de agua potable con 62,3%. Según este estudio, su principal fuente alternativa está en pozos, ríos, camiones aljibes y ríos. Mientras que más del 27% de los centros educacionales de zonas rurales declaró que cuenta con abastecimiento informal.
Por otro lado, el 75,9% de los establecimientos tiene un mejor suministro de agua potable, pero sin ningún tratamiento previo. No hay certeza de tener una mejor calidad del servicio, es decir, sólo es un impedimento para que los estudiantes tengan contacto con agentes contaminantes externos.
El 7º Juzgado de Garantía de Santiago impone medidas cautelares a los exuniformados investigados por su rol durante el estallido social de octubre de 2019, optando por arraigo nacional y firma quincenal.
El exfuncionario asegura que no ha cometido ningún delito y se compromete a demostrar su inocencia en el marco de la investigación judicial en curso.