Este miércoles, una hora antes de que la Cámara de Diputados discutiera la polémica licitación del Litio, el Gobierno anunció que adjudicó 400 mil toneladas del llamado “oro blanco” a las empresas BYD Chile y Servicios y Operaciones Mineras del Norte- por 29 años.
El diputado (PVR) por Atacama, Jaime Mulet, y el parlamentario (PPD) por O’Higgins, Raúl Soto, dijeron que la decisión de adjudicar la licitación a estas 2 compañías, responde a un “extractivismo”, es decir, a una actividad productiva que utiliza la extracción de recursos naturales para generar exportaciones, por ejemplo, de minerales. Además, calificaron el anuncio como una “falta de respeto y un ninguneo al Congreso”.
Este jueves, parlamentarios de oposición presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República para dejar sin efecto la adjudicación porque –a su juicio- supone “vicios de legalidad en el proceso de adjudicación”.
Según la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, el Presidente Piñera “ha hecho de todo para ganar más recursos para sus amigos, para poner en cuestión un recurso que es de todos los chilenos, para seguir llenando los bolsillos de amigos empresarios, entregando el litio a privados, que claramente es una situación impresentable, insostenible, vergonzosa, que no podemos aceptar”.
Otro de los impulsores de esta acción judicial, el parlamentario (PS) por Atacama, Juan Santana, dijo que lo que está en juego es la legalidad de cómo se llevó adelante el proceso. Agregó que no se “hizo una consulta, como corresponde, ante la Comisión Chilena de Energía Nuclear que estaba contemplada dentro de las cosas que se deben hacer. Esto manifiesta, inmediatamente, un vicio de legalidad”.
¿Qué dijo el Presidente Electo?
Gabriel Boric consideró esta licitación como “una mala noticia para el país” y advirtió que, junto a su equipo, van a revisar la adjudicación de la licitación del Litio para mantener la posibilidad de crear una empresa nacional de este metal, uno de sus compromisos antes de llegar a La Moneda.
Fiscal nacional confirma declaración de Ángel Valencia, quien señala al político venezolano como responsable del encargo, junto a otras autoridades gubernamentales.
El ministro de Hacienda acusa a las AFP de actuar de manera negativa y obstruccionista, señalando que deben cumplir una función pública.