En una nueva vuelta del caso Penta, los abogados María Inés Horvitz y Mauricio Daza han presentado una querella contra el exfiscal Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. La acción se basa en la revelación de conversaciones entre Guerra y Hermosilla, que apuntan a irregularidades en la gestión del caso. Ante esto, la querella presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, solicita el levantamiento del secreto bancario de los implicados y el acceso a cualquier aplicación de mensajería, incluidos WhatsApp y Telegram, durante el periodo de 2016 a 2024. Según el documento, Guerra y Hermosilla son acusados de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, mientras que a Hermosilla se le atribuye el delito de soborno. Asimismo, Horvitz y Daza argumentan que Guerra actuó de manera parcial y desleal, alterando la investigación a su favor. Se indica que existió una “estratagema” que vincula a los acusados, señalando que Hermosilla facilitó un puesto académico a Guerra tras su renuncia al Ministerio Público. Finalmente, la querella subraya la necesidad de esclarecer las conexiones entre los involucrados y las posibles transacciones ilegales, solicitando acceso a documentos y comunicaciones que podrían revelar la extensión de las irregularidades en este emblemático caso.
En una nueva vuelta del caso Penta, los abogados María Inés Horvitz y Mauricio Daza han presentado una querella contra el exfiscal Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. La acción se basa en la revelación de conversaciones entre Guerra y Hermosilla, que apuntan a irregularidades en la gestión del caso. Ante esto, la querella presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, solicita el levantamiento del secreto bancario de los implicados y el acceso a cualquier aplicación de mensajería, incluidos WhatsApp y Telegram, durante el periodo de 2016 a 2024. Según el documento, Guerra y Hermosilla son acusados de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, mientras que a Hermosilla se le atribuye el delito de soborno. Asimismo, Horvitz y Daza argumentan que Guerra actuó de manera parcial y desleal, alterando la investigación a su favor. Se indica que existió una “estratagema” que vincula a los acusados, señalando que Hermosilla facilitó un puesto académico a Guerra tras su renuncia al Ministerio Público. Finalmente, la querella subraya la necesidad de esclarecer las conexiones entre los involucrados y las posibles transacciones ilegales, solicitando acceso a documentos y comunicaciones que podrían revelar la extensión de las irregularidades en este emblemático caso.
